Publicado en La Vanguardia 06/11/2016.

Las familias que se ven incapaces de hacerse cargo de los hijos adoptados lo viven en silencio con sentimientos de culpa y fracaso.
Adopciones truncadasLos especialistas aconsejan a los padres que busquen ayuda cuando empiezan los problemas y que no esperen a que la situación se degrade

“No la soporto, no la quiero”. Cuando Mercedes Mas Soler verbaliza con esta crudeza sus sentimientos hacia R., la hija adoptiva que había deseado con todas sus fuerzas y con la que durante ocho años intentó superar serias dificultades de adaptación, admite que se siente “una mierda”. Pero si ha accedido a contar su historia a La Vanguardia es porque cree que su experiencia puede ayudar a levantar el tabú que envuelve una situación tan extremadamente dolorosa como una adopción truncada. Una realidad silenciada que, oficialmente, en Catalunya afecta a un 1,5% de las familias adoptivas, porcentaje que se eleva al 6% cuando los niños aterrizan en su nuevo hogar a partir de los 6 años. Según las expertas consultadas por este diario, la estimación podría ser la punta del iceberg, puesto que entre el 30% y el 40% de los ingresados en centros terapéuticos y de acogida de menores son adoptados.

¿Qué es una adopción truncada? “Se trata de niños cuyas familias no se encuentran en disposición de continuar haciéndose cargo de ellos y pasan a la tutela de las administraciones públicas, pudiendo ser objeto de una nueva adopción. Es una situación similar a la de aquellas familias biológicas con hijos conflictivos que, cuando se ven superados por la situación acuden a los servicios de protección de menores, aunque en estos casos no se presenten como un abandono”, aclara Marga Muñiz, terapeuta familiar experta en adopción internacional y autora del libro Los niños no vienen de París. En ambos casos la situación es muy traumática, pero para los niños adoptados supone un doble abandono.

“Normalmente el niño no tiene una segunda oportunidad, cuando es llevado a una institución está muy herido y ya no tiene la edad ni las ganas de empezar de nuevo”, constata Ana Berastegui, investigadora y directora de la cátedra Familia y Discapacidad, que precisa que la adopción en España es “irrevocable”, por lo que no se pueden devolver los niños a sus países de origen. “El sistema es idéntico al de un hijo biológico, no hay mecanismo por el cual puedas dejar de ser padre aunque tu hijo esté en una institución”, explicita.

Sin embargo, al no existir lazos de sangre, la ruptura tiene un sentido más radical. Para los padres, que han pasado por un largo proceso –y alimentado muchas expectativas– antes de acoger a la criatura, la sensación de fracaso es inmensa. “Hay mucha culpa y mucha vergüenza, que se lleva en secreto, porque es muy difícil de asumir, para uno mismo y de cara a la sociedad”, sostiene Berastegui, que considera “terapéutico” que se pueda abordar un asunto sobre el que otros países europeos están rompiendo el silencio.

En Francia, por primera vez el ministerio de Exteriores ha facilitado cifras: en los últimos dos años unos 40 niños adoptados en el extranjero han sido devueltos a los servicios sociales, lo que equivale a un 2% de las adopciones. El tema se aborda en el libro titulado Mala madre, en el que una mujer explica su dolorosa experiencia, y se ha empezado a cuestionar el sistema. “Algunos niños presentan múltiples problemas de comportamiento. Situamos a los futuros padres en la posición de terapeutas. Eso es poner el listón muy alto”, reconoce Nahalie Parent, presidenta de la asociación francesa Infancia y Familia de Adopción.

“En general, se trata de niños que tienen unos problemas tan fuertemente arraigados, como resultado de su pasado, que son incapaces de vincularse y llegar a sentirse parte de la familia por muchos esfuerzos que ésta haga”, explica Muñiz. Cuando se añaden discapacidades derivadas de patologías como el síndrome alcohólico fetal, que hasta hace poco no eran diagnosticadas, la situación resulta a veces insuperable.

En España, donde las adopciones internacionales son un fenómeno más reciente, no hay cifras oficiales. Muñiz habla de un 1,5% de rupturas –lo que significaría que en un período de 10 años unos 500 niños pasan a depender del sistema de protección de menores– y señala que, en países con más tradición en este terreno, como Holanda (5%), Suecia (6%) y Gran Bretaña (11%), los porcentajes son más elevados.

Berastegui señala dos etapas especialmente delicadas en una adopción: el primer año, en el que se debe crear el vínculo entre la criatura y los padres, y la adolescencia, cuando los problemas más o menos latentes se manifiestan. “Los jóvenes se preguntan por sus orígenes y se pone a prueba el vínculo”.

El aumento de adopciones truncadas que están detectando los especialistas en los últimos años se relaciona con el hecho de que muchos de los niños adoptados a principios de la década pasada están llegando a esta etapa. “Hace unos 15 años la adopción estaba muy idealizada y hubo un boom de adopciones internacionales, era como una moda”, argumenta Agnès Russiñol, directora del Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA). Reconoce que en ese momento se tendió a subestimar “la mochila emocional” de estos niños, especialmente los que han pasado los primeros años en un orfanato. “Son criaturas que han sufrido mucho, a veces han sido objeto de maltrato, por lo que requieren familias muy preparadas para realizar un trabajo de reparación”, apostilla.

“La gente adopta pensando que el amor todo lo cura. Es una condición sine qua non, pero no es suficiente, no debemos ser naifs”, advierte Eva Gispert, presidenta de la asociación Familia y Adopción. Según su experiencia, la idea de que cuanto más pequeño sea el niño menos problemas psicológicos arrastra es errónea. “Las secuelas también pueden venir de un embarazo bajo un gran estrés”, señala Gispert. A su asociación cada día llegan más padres con “situaciones desesperadas, un enorme sentimiento de culpa y una gran sensación de desamparo”.

Para las expertas, la labor de prevención y de información antes de adoptar es fundamental. “Durante mucho tiempo, hemos tenido los procesos más laxos de toda Europa. En Bélgica, el 30% de los aspirantes ven rechazada su idoneidad, mientras en España el porcentaje es del 3%”, subraya Berastegui.

“Las adopciones internacionales son un contrato privado entre la agencia de adopción y la familia”, precisa Russiñol, que pide “no banalizar” unas rupturas en las que “todo el mundo sufre mucho” y que su departamento tiene “la responsabilidad” de atender. Por ello, juzga necesario “reforzar la preparación de las familias para que la gente sepa dónde se mete” aunque admite las dificultades de financiación. El departamento ha creado un grupo de trabajo para determinar los recursos que se necesitan para afrontar estas situaciones.

Para evitar llegar al extremo de la separación, tanto Russiñol como otras especialistas animan a los padres adoptivos a buscar ayuda cuando surgen problemas de adaptación o de comportamiento. “No hay que esperar a que la situación se degrade y sea demasiado tarde”, opina Gispert, que advierte sobre la falta de terapeutas con la preparación adecuada para atender esta demanda.

Etapas que llevan a la ruptura
1. La familia empieza a ver que las dificultades son mayores que las alegrías. Muchos padres en esos momentos empiezan a preguntarse cómo se les ocurrió pensar en adoptar. El problema arranca cuando este pensamiento se tiene de forma reiterada.

2. Los padres empiezan a percibir el problema con tal magnitud que no se sienten capaces de manejarlo ni mucho menos de superarlo.

3. La familia se queja abiertamente de las dificultades ante otras personas. Es importante que en este momento cuente con un grupo de apoyo, que le ayude para no avanzar más en el camino de la adopción truncada. Otras familias que hayan vivido esta situación son las mejor preparadas para hacerlo.

4. Se produce un punto de inflexión. Sucede algo que lleva a la familia a pensar que no puede tolerar por más tiempo la conducta de la criatura. Por ejemplo, un acto de piromanía o de crueldad con algún miembro de la familia, que los atemoriza hasta el extremo de pensar que sería mejor no continuar insistiendo en su vinculación con la familia.

HUGO DE LUCAS – El Mundo
22/10/2016 02:57

Alrededor de 40.000 menores en España están bajo la tutela del Estado ya que, por diferentes motivos -adicciones, enfermedades, falta de recursos…- no pueden vivir con sus padres biológicos. El drama siempre acompaña a un niño que necesita ser acogido para disfrutar en lo posible de su infancia. Cada día los servicios sociales de las comunidades autónomas gestionan las vidas de estos pequeños, que se distribuyen, según los casos, en centros residenciales y en familias consanguíneas (abuelos, tíos o primos) o voluntarias de acogida, como la de Teresa y Martín, una pareja de Alcalá la Real (Jaén) que pertenece a Infancia, la asociación por la que conocieron esa realidad y por la que acogieron de urgencia a una niña extranjera en situación precaria. «Esa sensación de ayudar a un chiquillo, darle todo lo que está en tu mano y devolverlo luego a su familia no se paga con todo el oro del mundo», asegura Martín con un gesto íntimo de satisfacción. Después de aquella niña llegó otra. El vínculo se hizo más estrecho con ella y decidieron adoptarla cuando el juez dictaminó que nunca podría volver con sus padres biológicos. Desde entonces han acogido a otros ocho menores. «Sabemos que hay muchos, pero al menos a algunos podemos quitarles las penas», explica Martín, «dar un pequeño achuchón no es tan complicado para nosotros y lo es todo para ellos».La acogida es una opción muy diferente a la adopción, algo que hay que tener claro. «No tiene nada que ver una cosa con la otra», aclara Jesús María Rubio, director técnico de Acogimiento Familiar de la Comunidad de Madrid, «el objetivo es que estos menores vuelvan con sus padres biológicos, y mientras llega ese momento se les facilita un lugar donde puedan tener la atención que necesitan. La confusión a veces atrae a parejas que lo que desean realmente es una adopción, y como eso no ocurre se genera frustración», explica. Sin embargo, el desconocimiento no siempre es la causa de las quejas de las familias de acogida, sino el complejo equilibrio entre el derecho de los padres a recuperar su tutela y la protección efectiva del niño. «Nuestro sistema legal defiende en exceso la biología. ¿Cómo es posible que un niño llegue a esperar cinco, seis o siete años a que sus padres puedan hacerse cargo de él?», se pregunta Justi Carretero, presidenta de la Asociación de Familias de Acogida de España (FADES), y añade: «Es una decisión que tendría que tomarse en unos pocos meses. Crecer en esa situación de interinidad es nefasto para un menor porque de esa forma puede perder su infancia».La Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia, aprobada el pasado año, ha intentado eliminar lagunas, favorecer las soluciones estables frente a las temporales y reducir el número de menores que deben vivir en centros de cuidado colectivo. Aun así, Carretero insiste en que faltan recursos y el procedimiento es demasiado lento. «Al menos los menores que están en una familia de acogida tienen sus necesidades cubiertas, y a menudo pueden ver con regularidad a sus padres biológicos», puntualiza Jesús María Rubio, «aunque es verdad que sigue habiendo demasiados niños en las residencias y que algunos pasan mucho tiempo en ellas. Pero también hay que ser conscientes de que en muchos casos no se encuentran familias de acogida. A partir de una cierta edad, cinco o seis años, o cuando los niños tienen dificultades especiales, resulta más complicado que aparezcan voluntarios».Marisol acogió a Amal cuando el niño tenía 11 años. Hoy ha cumplido 15 y de aquel chico arisco, de espíritu callejero e incómodo ante el afecto solo queda una mirada algo envejecida y una cicatriz en el cuello. «Cuando entró en nuestra casa llevaba dos años en un centro de acogida. Era el típico niño quiéreme, de los que no lo reconocen, pero que necesitan un abrazo como el comer», recuerda Marisol. Desde entonces, los únicos contactos con su madre biológica, que reside en otro país y que continúa en una situación precaria, han sido por videoconferencia: «Los servicios sociales dicen que todavía no se dan las circunstancias para que Amal se desvincule legalmente de su madre y pase a un periodo de preadopción. Al menos esperamos que siga como hasta ahora. Él ya tiene la vida hecha con nosotros y no quiere volver con ella. Probablemente llegará a la mayoría de edad en esta situación. Nosotros encantados y él también, pero hay otros muchos niños que van de una familia a otra sin lograr estabilidad».Para Jesús Palacios, catedrático de Psicología de la Universidad de Sevilla y experto en protección infantil, el problema no reside en pasar de la familia de acogida a la biológica, sino en hacerlo con una adecuada colaboración entre unos y otros: «Cuando esta se da, la transición es mucho más llevadera. Por el contrario, si las relaciones entre las dos familias son conflictivas y están enfrentadas en torno a la custodia del niño, el gran perjudicado es el pequeño, con conflictos de lealtades muy difíciles de resolver, sin entender lo que está ocurriendo y desarrollando sentimientos de inseguridad y desconfianza que ayudarán poco a su salud mental posterior». El objetivo de la acogida es que los niños vuelvan con sus padres biológicosEse escenario podría describir la situación de Joan, el pequeño de cuatro años cuya única familia había sido la de Albert y Noelia, en Sueca (Valencia), hasta que los tribunales determinaron en septiembre que su madre biológica tenía derecho a recuperar su custodia. La sentencia ha supuesto una tragedia para la pareja, que había solicitado su adopción, y un cambio desconcertante para el niño, que no quería separarse de ellos. La realidad legal es que, aunque el proceso de adopción esté avanzado, mientras no exista una sentencia firme una familia no puede considerar a un menor como su hijo, más aún en una situación de acogida, porque los expedientes son revisables. «Lo único cierto es que a esa criatura le han destrozado la vida. Y lo terrible es que casos como este, con fallos técnicos, hay muchos porque se trabaja mal», señala Justi Carretero, «hablo con gente de los servicios sociales que no tiene ni idea de lo más básico del acogimiento, lo que genera que las familias que pertenecen a nuestra asociación sientan que están solas y desprotegidas. Te dejan a un niño en casa, del que desconoces muchas cosas, y ahí te las apañes», añade.La crítica de Carretero se sostiene en una larga experiencia en el acogimiento que comenzó hace 20 años, cuando después de tener dos hijos biológicos decidió junto a su marido probar otro tipo de paternidad. Hoy son padres de otros dos hijos adoptados y han cuidado de 50 niños. «Es una experiencia maravillosa y muy gratificante, porque das un poquito de amor y recibes muchísimo más. Pero nosotros, las familias, no somos lo importante, ni tampoco los padres biológicos, sino los chicos. Hay que preservar su infancia y eso no se consigue con desatención ni procesos de acogimiento tan largos», insiste la presidenta de FADES.No es de la misma opinión Jesús María Rubio, quien defiende la labor de los servicios sociales que tutelan a todos esos menores a través de equipos técnicos de orientación, apoyo y seguimiento: «Estamos volcados en las familias y en intentar recuperar a los padres biológicos como tutores aptos, siempre priorizando el bienestar del menor y teniendo en cuenta que no puede haber soluciones generales porque cada caso es único. No es lo mismo un bebé que un adolescente, ni es igual un crío que necesita ver a sus padres que el que ha sido abandonado. En unos supuestos el acogimiento puede ser breve, en otros debe ser más largo porque tal vez seguir acogidos sea lo mejor para ellos».Más allá de las dudas sobre el procedimiento, la realidad es que cada día miles de menores en España no pueden contar con sus padres para que cuiden de ellos y que su futuro depende de un proceso administrativo que solo las familias son capaces de humanizar. Como explica el psicólogo Jesús Palacios, «para aquellos niños que no pueden estar con los suyos, la institucionalización en centros de cuidado colectivo tampoco es una alternativa adecuada. Uno de los derechos básicos de la infancia es el de crecer en una familia que responda adecuadamente a todas sus necesidades». Sin embargo, más de 15.000 menores -en torno al 40% de los 40.000 tutelados por los servicios sociales- viven en residencias de acogida esperando volver con sus padres o deseando un hogar aunque sea eventual. «Necesitamos familias para paliar este drama», concluye Justi Carretero, «es preciso que haya campañas de información en las que se exponga una realidad que parece pasar desapercibida. No podemos ignorar a todos esos niños que sueñan con tener un poco de cariño y una vida mejor.

Las solicitudes de adopción nacional e internacional se desploman en España

Las familias tienen que esperar entre cuatro y ocho años para adoptar a hijos en territorio nacional o en otros países

El día que Leyre dijo “papá” por primera vez, Fernando, de 37 años, y Laura, de 36, sintieron que habían cumplido el deseo de formar una familia, tras ocho años intentándolo. Ese fue el tiempo en que la pareja de madrileños tuvo que esperar para adoptar a la niña vietnamita, que acaba de cumplir 18 meses y que llegó a casa en junio. Esa demora ha provocado una brusca caída en el número de personas interesadas en adoptar tanto en territorio nacional como internacional. Entre 2010 y 2014 las nuevas solicitudes de adopción en España – donde el tiempo de espera es de cuatro a ocho años – se redujeron a la mitad (de 3.376 a 1.431), según los datos del Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e Igualdad.

En el mismo período también han bajado en un 72% (de 5.000 a 900) las solicitudes internacionales, porque los plazos en el exterior no han dejado de alargarse. Entre 2005 y 2010, cuando hubo un boom de adopciones en otros países, superando las 5.000, el tiempo medio de espera era de dos años. Actualmente, ese plazo puede llegar a los ocho años, según CORA (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento). La ratificación del Convenio de La Haya, que protege mejor el interés y el cuidado del menor, pero que endurece los requisitos, y el cambio de políticas de adopción en países como Rusia o China justifican las cifras. “Primero esos estados intentan que los niños sean acogidos dentro de la propia familia o en el mismo país. Solo si no se cumplen esas expectativas pueden ser asignados por extranjeros”, explica Benedicto García, coordinador de CORA (Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento).

LA NUEVA LEY DE INFANCIA
El Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2015 una nueva Ley de Protección a la Infancia para agilizar los procesos de adopción, pero aún no se ha puesto en marcha. Susana Morales, presidenta de la asociación Familias de Colores, afirma que la ley solucionaría el problema de la manutención de 13.563 menores adoptables en el régimen de acogida.Por ello, ha creado una petición en Change.org para presionar a los partidos a desarrollar la normativa, que ya suma más de 158.000 firmas. En la última efímera legislatura, Ciudadanos presentó una proposición no de ley para tramitar con urgencia la medida. El PSOE y Podemos se sumaron a la iniciativa, pero los populares votaron en contra.

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En las asociaciones pertenecientes a CORA llevamos tiempo recibiendo quejas de familias que tienen abierto un proceso de adopción en Etiopía. Varios Organismos Acreditados (ECAIS) están solicitando a las familias cantidades entre 7000€ y 13000€ para continuar con sus procesos en dicho país. Estas cantidades no están estipuladas en sus contratos y en algún caso se intentan justificar como “mantenimiento del menor”.

Desde hace tiempo venimos denunciando las irregularidades en Etiopía, pero en este caso la irregularidad se da aquí en España. Los Organismos Acreditados, en tanto que son entidades acreditadas por las autoridades competentes, están obligadas a respetar las tarifas aprobadas por estas últimas. No es admisible por tanto que exijan a las familias pagos adicionales que no estaban contemplados en los contratos que en su día fueron firmados.

La Conferencia de la Haya, a través de la publicación Acreditación y organismos acreditados para la adopción: Principios generales y Guía de Buenas Prácticas No 2, publicada en 2013, indica que “es necesario distinguir estos pagos de los costes de la adopción”, que en España deben ser expresamente aprobados por la autoridad que acredita a las Ecais. En sus págs. 92-93, la guía señala:

“las contribuciones exigidas por el organismo acreditado a los futuros padres adoptivos (…) pueden ser para determinadas instituciones (por ej., para los costes de cuidado del niño), o para proyectos de cooperación del organismo acreditado en el Estado de origen. (…) El pago no constituye necesariamente una obligación legal, y los organismos acreditados pueden presentar la petición en términos de ‘contribución encarecidamente recomendada’, pero en la práctica es ‘obligatoria’ para los futuros padres adoptivos en la medida que su solicitud no será tratada si no se hace el pago”.

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