La Asociación AMADA

El fracaso de estos procesos se concentra, sobre todo, en los 13 años.

«Los primeros problemas llegaron cuando nació mi hijo biológico. En ese momento, Roberto tenía 5 años. Celos horribles, rechazo total al colegio, pasividad absoluta, desinterés por el aprendizaje y violencia con otros niños e incluso nosotros. Expulsado de tres colegios, castigos y veranos en internados hasta que, el día que cumplió 16 años, decidió que no volvería a clase nunca más. Y se quedó en casa rabioso, con odio en la mirada y el insulto en la boca. Lo habíamos sacado de su país (…) Después de cuatro años sin querer hacer nada, y cuando él ya había cumplido los 20 y sus niveles de rabia nos habían desestabilizado a todos, tomamos la decisión de acompañarlo de vuelta a Guatemala. Decidió quedarse ahí, y no tengo palabras para expresar mi dolor en ese momento». Es la dramática historia de una madre adoptante recogida en el libro «La adopción en la adolescencia y la juventud» (sello Mensajero), coordinado por el doctor en Psicología y profesor de la Universidad de Deusto Félix Loizaga.

Casos de fracasos como este existen, y las investigaciones señalan que se concentran en el entorno de los 13 años, pero la realidad es que son pocos: según los últimos datos de 2016 (a 31 diciembre de 2017) solo hubo 17 rupturas de adopción, frente a un total de 588 adopciones realizadas. Pese a todo, muchos son los que se preguntan qué ocurre con esos niños.

Tras un proceso de adopción fallido, tanto si son nacionales o internacionales, son declarados de nuevo en situación de desamparo. Y en el caso concreto de las adopciones en el extranjero, tal y como explica Antonio Ferrandis, jefe de área de adopciones de la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, «“no hay devolución a su lugar de origen”. La adopción es plena, irrevocable, y convierte a los niños en ciudadanos españoles e hijos de sus adoptantes para siempre. Por este motivo, si la adopción llega a fracasar y se interrumpe la convivencia, los niños serán protegidos por el sistema de modo similar a los hijos que son retirados de sus padres biológicos…, pero como tal, no hay regreso al origen».

De todas formas, a la hora de realizar estadísticas, advierte Jesús Palacios, catedrático del Área de Psicología de la Universidad de Sevilla, el número de adoptados que vuelven al sistema de protección es un indicador «limitado». «¿Qué ocurre con todos aquellos que no viven con sus padres adoptivos, porque les han enviado a un internado? ¿O que pasan la mayor parte del tiempo viviendo con sus abuelos? ¿O que siguen conviviendo con la familia adoptante pero con una situación invivible? Son menores que viven bajo el mismo techo pero que habitan en espacios emocionales diferentes. Son, de hecho, adopciones que tienen muy serias dificultades, que pueden acabar en separación o grave conflicto y que no están reflejados en ningún estudio o censo».

En cualquier caso, Palacios quiere recalcar que «lo habitual es que esto no ocurra». «Normalmente, cuando una adopción fracasa, no es nunca por un factor determinado, sino típicamente por la confabulación de tres factores juntos: problemas en el niño (como, por ejemplo, una historia previa terrible), en la familia (adultos más centrados en sus propios asuntos, más frágiles…), y una mala intervención en las actuaciones profesionales (que hagan una valoración incorrecta, por ejemplo)».

Así, pese a que la mayor parte de los adoptados y de las familias adoptivas suelen resolver con éxito las dificultades que se les plantean, no cabe duda de que la adopción es un proceso complejo, que no está exento de dificultades. Atendiendo a esto, los expertos se preguntan si es posible predecir el riesgo o el fracaso de la adopción, con alguna fiabilidad, de manera previa a la adopción. Según concluye Ana Berástegui, profesora e investigadora del Instituto de Familia de la Universidad de Comillas, «la evaluación y el pronóstico de riesgo de cada adopción está obstaculizada por muchas cuestiones, pero entre ellas destacan el daño o la fuerza del trauma vivido por el niño, la mayor edad del menor en el momento de la adopción, los problemas de conducta, especialmente los del tipo externalizante, y los problemas en el área de vinculación».

Del estudio de todos ellos parece ser que la historia previa del menor es el factor más complejo: «Existe cierto acuerdo en cuanto a que la adversidad de la etapa previa vivida por el pequeño, y el mayor número de cambios en su historia de cuidados son factores que aumentan el riesgo de ruptura», reconoce Berástegui. En cualquier caso, concluye esta experta, «ninguno de ellos debe hacer descartar para ningún niño la adopción como alternativa». Porque, tal y como corrobora Félix Loizaga, «un porcentaje superior al 90% de las personas adoptadas se prevé que puedan llevar a cabo un proceso de mayoría de edad y emancipación natural sin grandes complicaciones. Es muy importante destacar esto porque la adopción debe seguir siendo vista como una gran medida de protección positiva, compleja y necesaria, que contribuye a reparar muchas de las heridas de las personas adoptadas».

Marzo 3 de 2018. ABC

Los organismos acreditados para realizar adopciones tendrán carácter nacional y un procedimiento único para actuar y así desbloquear expedientes.

El borrador del Reglamento de la Ley de Adopción Internacional, intentará poner fin al «caos y descontrol» autonómico, que está paralizando las adopciones, como así denuncian los afectados. El texto, en fase de información por los ministerios, y al que ha tenido acceso ABC, contempla medidas para recentralizar las competencias.

Con iniciativas como «un procedimiento único para la acreditación de los Organismos Acreditados de Adopción Internacional (OAA)», así como un «Registro de OAA y de Reclamaciones e Incidencias, que permitirá un mayor control de los mismos»; el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trata de unificar los distintos criterios que cada autonomía aplica para abrir o cerrar expedientes y acreditar a estas entidades. A su juicio, «si trabajamos con los mismos criterios, reduciremos la lista de espera»

El Gobierno ya recuperó las competencias en materia de adopciones con la aprobación en el año 2015 de una modificación de la Ley de Adopción Internacional de 2007. Estos cambios supusieron un nuevo sistema de protección a la infancia y la adolescencia. La norma que surgió en 2015 recoge el desarrollo de un Reglamento, que se ha ido demorando.

Sin embargo, el impulso definitivo lo dio el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo de 2017, al aprobar una moción de Ciudadanosconsecuencia de interpelación, con la que se insta al Gobierno a aprobar este reglamento en tres meses. Días antes, el 10 de mayo, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en respuesta a la interpelación de la formación de Albert Rivera, anunció que el reglamento ya se había redactado, admitiendo las «complicaciones técnicas del mismo». Igualmente, señaló que es «consciente del malestar de la demora».

Distintos criterios

A día de hoy, para realizar una adopción, las familias deben dirigirse a un Organismo Acreditado de Adopción (OAA) de su comunidad autónoma, que son las entidades sin ánimo de lucro que intermedian con los países de origen, en caso de las adopciones internacionales. Cada región acredita a sus OAA, por lo que una familia andaluza no puede adoptar a través de un OAA de Madrid. Igualmente, cada autonomía decide cuántos expedientes abre en función de sus criterios. Además, en el caso de países extranjeros, es necesario abrir acuerdos con otros países, que no pueden realizar las autonomías.

El sector ya había alertado sobre esta situación de «caos y descontrol», según señaló a ABC Susana Morales, presidenta de la entidad acreditada «Familias de Colores». A su juicio, «el problema es que nunca tuvo que ser una competencia transferida. Una competencia que trata de relaciones internacionales y requiere firma de convenios no puede tener 17 autoridades».

Igualmente, señala que lo importante es que las OAA «tengan carácter nacional. Al tener carácter autonómico no había un registro de entidades nacional. Se crea una indefensión de familias en algunas comunidades, que no tienen entidades acreditadas. Es un descontrol porque a nivel nacional, no se sabe cuántos expedientes se estan mandando».

Por ello, cree que «un registro nacional es necesario para homogeneizar criterios, tener una única autoridad nacional que nos acredite, y no 17, cada una con sus propios criterios. Se igualan los derechos de los españoles porque cualquiera puede elegir el organismo para adoptar».

Más transparencia

Las medidas del Gobierno van encaminadas en esa dirección, según han asegurado a ABC fuentes gubernamentales. A falta de cerrar el borrador de reglamento, se pretende racionalizar el número de expedientes. «Hasta ahora cada comunidad decidía cuántos se abrían y ahora habrá unos criterios generales», señalan estas fuentes.

Sanidad establecerá un procedimiento único de acreditación de las OAA para evitar la «situación de desfase». Así, habrá un modelo de contrato único entre los solicitantes y los organismos acreditados. Se unificarán criterios sobre el régimen económico y financiero, requisitos técnicos y recursos humanos. El coste de los servicios de una OAA para un país será el mismo en todo el territorio nacional. Además, se podrá seleccionar un OAA en cualquier punto de España.

Otra medida es la creación de un registro nacional «para que cualquiera que quiera adoptar pueda conocer cuántos hay, quiénes son, cómo son y dar mayor transparencia a su funcionamiento». Finalmente, se va a desarrollar un marco normativo de coordinación entre administraciones.

Publicado en ABC 14 enero 2018

Que estalle lo que quiera. Mi estirpe, aunque sea baja, yo quiero llegar a conocerla…..”

Esta frase, de la obra Edipo Rey del filósofo y escritor griego Sófocles, resume de manera magistral lo que la inmensa mayoría de los niños adoptados desean saber, incluso aunque sea doloroso: su origen. De dónde vienen, quienes fueron sus padres, especialmente su madre, por qué no se pudieron ocupar de ellos, qué hacen ahora. La mayoría de los adultos que fueron adoptados reconocen sentir en algún momento de sus vidas, incluso siendo ya adultos o cuando se convierten en padres, especialmente ellas, cuáles fueron esos orígenes.

Hasta hace casi treinta años ese derecho a saber no estaba reconocido en ninguna parte. Fue en la Convención de Derechos del niño el 20 de noviembre de 1989 cuando se reconoció de manera oficial que todos los niños tenían derecho a saber quiénes fueron sus padres biológicos. Sin embargo y a pesar de dicha convención, todavía cuesta que se apliquen dichos derechos. Así lo piensa Beatriz Benéitez Pérez, abogada y mediadora, especialista en menores y adoptada. “Como se suele decir, ¡el papel lo aguanta todo!, y dicho papel recoge “algo ideal que, por desgracia, con demasiada frecuencia, no se llega a cumplir porque el mundo real se aleja y mucho del ideal, y más cuando se refiere a los niños.

“No saber de dónde vienes duele tanto que el hueco que deja en el alma no se llena con nada”
En la CDN se recoge entre muchos derechos el derecho a tener una identidad o lo que es lo mismo el derecho a saber de dónde venimos: El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

Pero no siempre ley realidad van de la mano y la realidad –explica Benéitez- nos demuestra que este derecho es de difícil o imposible aplicación a los niños adoptados, ya que la adopción implica la ruptura de los lazos o vínculos legales con la familia de origen, incluida la pérdida de la identidad biológica u originaria, ya que al ser adoptado se impone una nueva identidad legal y definitiva.

“No saber de dónde vienes duele tanto que el hueco que deja en el alma no se llena con nada”
¿Existe un derecho a saber y buscar los orígenes?

La respuesta es dispar porque existen situaciones totalmente opuestas según el país y el momento, de forma que actualmente hay países en los que sí es un derecho y hay países en los que no lo es. En concreto en España desde hace 10 años con la Ley 54/2007 de Adopción Internacional del 28/12/2007 el conocimiento de los orígenes de las personas adoptadas sí es un derecho, tras la entrada en vigor de esta ley y la modificación que como consecuencia de la misma se produjo en el Código Civil, esto es lo que dice en el artículo 180. 5: «Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad representadas por sus padres, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las Entidades Públicas españolas de protección de menores, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen los solicitantes para hacer efectivo este derecho».

En España desapareció en 1999 el derecho al llamado “parto anónimo” que permitía a la mujer dar a luz sin dejar sus datos de identificación y dejando en consecuencia a los hijos sin filiación conocida, y en una situación de identidad comprometida y difícil o imposible de asumir, aceptar y entender.

La abogada, que es adoptada, no tiene ninguna duda de la certera que fue esta ley porque “limita mucho, a veces definitivamente, el derecho a saber de dónde venimos y créanme cuando digo que no saber de dónde venimos duele mucho tanto que hay personas que no lo soportan y que ante la incertidumbre llenan los vacíos con fantasías o incluso con mentiras que durante algún tiempo pueden resultar aceptables, pero que en muchas ocasiones se vuelven aún más dolorosas que la realidad de no saber y no tener opción de hacerlo, porque el sentimiento de no saber de donde vienes puede acabar con la esperanza de saber a qué lugar quieres llegar”.

“No saber de dónde vienes duele tanto que el hueco que deja en el alma no se llena con nada”
Aunque en España sí existe el derecho a saber de dónde vienen los niños adoptados, que llegarán a a ser jóvenes y adultos que pueden decidir si quieren o no buscar, lamentablemente todavía no se trata de un derecho absoluto, reconocido internacionalmente y con la categoría de un derecho fundamental como los recogidos en la Constitución Española, “de forma que como convencionalismo humano que es el derecho lo que hoy sí es un derecho más adelante puede dejar de serlo”, explica. Por eso insisto –recalca- en que antes que un derecho es una necesidad humana que debe ser atendida desde una perspectiva amplia y, multidisciplinar más allá del plano meramente jurídico.

La herida primal

El dolor que supone no saber de dónde venimos es común a todas las personas que desconocen su origen biológico, unos como consecuencia de la adopción, otros como consecuencia de la ovodonación o la donación de esperma, o la adopción de embriones, en definitiva personas que no comparten en todo o en parte el ADN con sus padres y/o madres, porque en su concepción ha intervenido el material genético de otras personas o porque para su gestación y nacimiento haya intervenido una mujer diferente.

Si en España ya hace muchos años el parto anónimo fue declarado inconstitucional, “más tarde o más temprano el anonimato en las donaciones de gametos también deberá correr la misma suerte de forma que todas las personas con independencia de las circunstancias de su concepción, gestación y nacimiento puedan disfrutar del derecho a tener una identidad tal y como prevé la Convención de Derechos del Niño.

“No saber de dónde vienes duele tanto que el hueco que deja en el alma no se llena con nada”
En concreto –explica la experta –“creo que la ovononación y la donación de esperma deben ser con identificación de las y los donantes, que debe haber un registro confidencial pero público, es decir, estoy en contra del anonimato en las donaciones de células reproductoras porque perjudica a la persona que va a ser concebida con ellas, que va a ver coartado su derecho a la identidad…. y en consecuencia puede ver dañado su desarrollo integral, tal y como le pasa a muchos adoptados que no soportan y no superan la incertidumbre de no saber de dónde vienen”.

Beatriz Benéitez está a favor de la confidencialidad y en contra del anonimato, ya sea en adopción de niños, de embriones o de células: “todas las personas tanto si compartimos ADN con nuestros padres, como si no lo compartimos al 50% o al 100%, tenemos derecho a la identidad, a saber de dónde venimos….para saber a dónde queremos ir”.

El anonimato en adopción y en donación perjudica a los niños/jovenes/adultos….y cada día me pregunto a quién beneficia: a los adultos, sólo a los adultos tanto a los que quieren tapar la realidad de no poder engendrar o gestar o parir como a los que entregan, abandonan o pierden a sus hijos y a los que venden sus células reproductivas….porque en cualquier caso es intentar «engañar» a la naturaleza y se nos olvida que esta es siempre más poderosa que nuestros planes, trucos o engaños y se cobra la factura.

“No saber de dónde vienes duele tanto que el hueco que deja en el alma no se llena con nada”
Gestación subrogada

En este tema la opinión de la abogada y mediadora no contempla las medias tintas y se muestra enérgica y firme: “Me pregunto por qué está siempre en el debate el derecho de los adultos y jamás se habla del de los bebés que algún día serán adultos. ¿Alguien se pregunta el perjuicio que supone para una criatura mamífera el ser «fabricada por encargo» para satisfacer los deseos de unos adultos sin tener en cuenta las necesidades y derechos del niño que va a nacer y va a ser inmediatamente separado de su madre gestante tanto si comparte ADN con ella como si no lo comparte?

Para la abogada la gestación subrogada “es un abuso y un maltrato tanto para la criatura como para la mujer, porque sin duda deja huella en el subconsciente de la persona concebida gestada y parida y puede que más adelante le pase factura….y a sus padres cuando tengan que explicar cómo le «encargaron», cuando tengan que contestar a las preguntas sobre «de dónde vengo» y le expliquen y esa persona pueda sentir que lo compraron….del mismo modo que los adoptados suelen sentir que los abandonaron. Y también me parece un abuso y un maltrato hacia las mujeres tanto las que lo hacen como esclavas como las que lo hacen voluntaria y altruistamente, porque una vez más es intervenir e interferir en un proceso natural, que deja huella. Sólo pensar en la cantidad de hormonas que intervienen para que todo funcione y el efecto que tienen sobre nosotras…provoca escalofríos.

Benéitez reconoce que no es políticamente correcta: “conozco el daño del anonimato en adopción y en «donación», de las fantasías y las mentiras que se montan a su alrededor para tapar la verdad y lo que tenemos que luchar los adoptados para ejercer nuestro derecho a saber de dónde venimos….y la pena que nos produce que las personas concebidas con «gametos donados» aún no tengan ni siquiera reconocido ese derecho, porque nadie se ha planteado la necesidad ni la conveniencia”.

No todo vale con tal de tener un hijos, se puede vivir sin hijos, pero no se puede vivir sin padres, no existe el derecho a reproducirse ni es una obligación ser padres, pero sí existe el derecho a crecer y vivir en familia….aunque no sea la de origen, remata.

Leer artículo completo en La Razón: “No saber de dónde vienes duele tanto que el hueco que deja en el alma no se llena con nada” . 29 diciembre 2017