La ministra Dolors Montserrat anuncia la medida en el Congreso. Los expertos valoran la decisión, pero exigen una mayor coordinación e igualdad legislativa en todo el territorio
El Gobierno permitirá a las familias hacerse cargo de menores internados en cualquier Comunidad Autónoma. Ahora, si se reside en Madrid, por ejemplo, solo se puede acoger a un pequeño de esta región a no ser que sea un caso de un niño con discapacidad o de acogida de varios hermanos. Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat en el Congreso de los Diputados. Esta decisión supone un avance en opinión de los expertos consultados ya que podría mejorar la coordinación entre comunidades donde existen muchas desigualdades al respecto. Eso sí, todos coinciden en que siempre se debe hacer dando prioridad al interés del menor.
Es la primera vez que la responsable de la cartera de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad acude a la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. «La mejor manera de proteger al menor es proteger a la familia», ha dicho la ministra. «Los menores son los más vulnerables por su edad. Y proteger a los que se encuentra en desamparo, sufren maltrato o el aumento de hábitos no saludables, es responsabilidad de todos. Tenemos que protegerles porque ellos son nuestro presente y futuro. Protegerles en tres puntos fundamentales: protección de la familia, la promoción de los menores más vulnerables y la participación de los niños como personas de pleno de derecho. Por lo que propongo un Pacto de Estado por la Infancia basado en estos tres puntos fundamentales», ha continuado Montserrat.
Y entre los objetivos planteados en su comparecencia, está acabar con la violencia contra la infancia, aprobando en esta legislatura una ley de protección integral; el anuncio de un reglamento en materia de adopción internacional que unificará los criterios en todo el territorio y «proteger la salud de los niños promoviendo estilos de vida saludables”. En este compromiso con la salud, Montserrat ha informado de que se está trabajando con la industria alimentaria en un plan para reducir en tres años el 10% del azúcar, la sal y las grasas.
Dentro de este marco, «la familia es, sin duda, el mejor recurso de protección y el mejor ecosistema natural en el que crecer», ha incidido. «Nuestra aspiración debe ser que ningún niño tenga que estar en un centro de acogida”, añade. Para ello, ha anunciado estas mejoras en los procesos de acogimiento familiar diseñando un mecanismo interterritorial de asignaciones entre Comunidades Autónomas, cuando los niños carezcan de otros familiares cercanos en el territorio, «que va a permitir que un niño tenga más y mejores posibilidades de encontrar una familia, sin importar el territorio en el que se encuentre el menor o la familia de acogida o adopción».
Por último, la ministra ha anunciado un incremento en las campañas del ministerio destinadas a fomentar el acogimiento familiar (un millón de euros más). «Es importante conseguir que las personas dispuestas a acoger o a adoptar, puedan ser localizadas y propuestas tan pronto como el niño entre en el sistema de protección, viva donde viva», ha concluido Montserrat.
«La idea es buena, pero hay que solucionar algunos problemas antes, porque existen muchas desigualdades entre las comunidades. Mientras algunas han incluido en su legislación el procedimiento de acogida y ayudas, como Castilla y León, por ejemplo, otras están más retrasadas en estas cuestiones. Nosotros nos hemos expandido geográficamente, ampliando nuestra colaboración y muchas veces hacemos de puente entre administración y comunidades», explica por teléfono Carlos Chana, responsable del Programa de la Infancia de Cruz Roja. «Primero es necesario armonizar estas diferencias, coordinar a las comunidades y actuar en consecuencia», añade. El niño en acogida no puede perder su arraigo, salvo en casos graves de maltrato, «por lo que sería beneficioso que el intercambio fuera entre comunidades fronterizas».
«Hay que recordar que el acogimiento es un acto solidario, de apoyo a un menor, en la que el objetivo es su bienestar y eso muchas veces conlleva conseguir un retorno al ámbito familiar. Hay familias naturales y de acogida que mantienen, por ejemplo, el contacto entre ellas. Estos menores necesitan esto, este contacto. Lo fundamental es armonizar la situación en el territorio», incide y concluye Chana.
“Si la ley cambia, es decir, si sufre una modificación en esta dirección y se puede acoger en cualquier comunidad esto estaría bien», coincide Fina Marín, del Observatorio de la Infancia de Andalucía y encargada de la Escuela de Familia de Adopción y Acogida y Colaboradora. «Porque a lo mejor a un niño que está en Granada y al que se le ha hecho una evaluación, tiene a su familia idónea en otra comunidad. Si es por el beneficio e interés del niño, que se permita este acercamiento estaría muy bien. Pero también deberían solucionar las desigualdades entre comunidades. Armonizar la situación”, reitera por teléfono. “De todas formas, llega mucha información del Gobierno sobre los cambios, pero todavía no existe nada sobre papel”, se lamenta Marín.
A falta de datos, se estima que en España 40.000 niños menores de 18 años son tutelados por las Comunidades Autónomas y más de 15.000 -un 40%- viven en residencias. «Aunque según que página o asociación mires, los datos difieren mucho», concluye Marín desde el Observatorio de la infancia de Andalucía. Los datos del Ministerio de 2016 determinan que en los acogimientos familiares, predominan las familias extensas -alude a una red de parentesco que tiene una extensión que trasciende el grupo familiar nuclear o primario (padre, madre, hermanos- (12.817) frente a las ajenas (6.909). En cuanto a la modalidad, los acogimientos permanentes (12.899) son claramente mayoritarios frente a las otras modalidades, como los temporales.
Cabe recordar que estos menores comparten la separación de su familia de origen por haber vivido situaciones de dificultad social, «necesitando cierta seguridad emocional, una comprensión de su realidad acorde a sus capacidades y a su nivel de desarrollo», explican desde Cruz Roja. Según la organización, también se han de tener en cuenta los acontecimientos a los que estuvieron expuestos y que determinaron la medida de protección. Son niños/as no emancipados de 0 a 18 años. Pueden presentar dificultades o carencias especiales de tipo físico y psíquico y también pueden presentar dificultades debido a su origen étnico-cultural.
Esta modificación que se anuncia se sumará a las aprobadas en 2015 dentro de la reforma de un Proyecto de Ley ordinaria y un Proyecto de Ley orgánica (Proyecto de Ley y Proyecto de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia), en el que se simplificó la constitución del acogimiento familiar, de forma que ahora no es preceptiva la intervención de un juez, introduciendo como criterio necesidad, como ocurre en los casos de adopción, la valoración y evaluación de la adecuación de los acogedores. También se eliminó el impedimento legal para que fuera necesario el asentimiento de los padres biológicos, si han pasado más de dos años en los que no han intentado revocar la situación.
Los supuestos de acogimiento familiar quedaron en 2015 concretados como acogimiento de urgencia, acogimiento temporal y acogimiento permanente. El acogimiento de urgencia, “proporciona a los niños que tienen que estar separados de su familia por un tiempo, un entorno familiar seguro y afectivo mientras se decide una medida de protección o se determina el regreso con su familia de origen”, según se explica en la página web de la Comunidad de Madrid. El acogimiento temporal, que implica un tiempo determinado, y el acogimiento permanente, aquel en el que no es posible o no es deseable el retorno del menor a su entorno familiar, a medio o largo plazo, ni la adopción.
Publicado el 24 enero 2018 El Pais
