Reglamento de Adopción internacional en PDF
El Gobierno centraliza la adopción internacional
El Gobierno ha aprobado un reglamento que llevaba pendiente desde 2015 y que está llamado a acabar con el bloqueo en el que estaba sumida la gestión de la adopción internacional. Hace casi cuatro años, la legislación estableció que el Ejecutivo centralizara una parte importante de las competencias, hasta entonces en manos de las comunidades autónomas, pero en este tiempo no se ha aprobado la regulación necesaria para hacer efectivo el cambio. Por ello, ha sido imposible decidir sobre asuntos como la suspensión o apertura de nuevos países o la acreditación de entidades que intermedian entre las familias y los lugares de origen de los menores. Estas organizaciones, que celebran la aprobación del reglamento, llevan años criticando que la inacción de las autoridades españolas ha limitado las opciones de los adoptantes.
El Ejecutivo pasó a centralizar una parte importante de las competencias en adopción internacional con la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Pero la norma obligaba a la aprobación de un reglamento que desarrollara esta legislación, que no ha visto la luz hasta este viernes y entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. En estos casi cuatro años las comunidades autónomas no han podido ejercer las competencias que habían ostentado hasta entonces, pero tampoco ha podido hacerlo el Gobierno. Según el Ministerio de Sanidad, a partir de ahora se agilizará el proceso, que puede alargarse de dos a seis años, según cuentan los afectados.
«¡Por fin!», ha exclamado este viernes Susana Morales, directora de la entidad Familias de Colores, —acreditada para la intermediación con las familias— y una de las impulsoras de la lucha de estas organizaciones para exigir el reglamento. «Estamos muy satisfechos. Todo este tiempo hemos estado atados de pies y manos. Ahora el Ejecutivo podrá levantar lo que en su día fueron suspensiones temporales de países que llevamos arrastrando años debido a la inexistencia de una autoridad competente para tomar decisiones de este tipo, como por ejemplo ocurre con Nigeria», explica. «Nos va a permitir acercarnos a lo que sucede en otros países europeos, como Alemania, Italia o Francia», añade.
Cuando el reglamento entre en vigor, los países de origen dejarán de tener 17 interlocutores y pasarán a tener solo uno. Las familias podrán contactar con organizaciones acreditadas en todo el país, y no solo en su comunidad autónoma, como ocurre hasta ahora. El modelo de contrato será único, así como los costes de los trámites. Y las organizaciones serán acreditadas por el ministerio, no por las autonomías, como sucedía hasta el momento. También se creará un registro nacional de organismos acreditados para adopción internacional y otro de reclamaciones e incidencias que puedan surgir, según ha afirmado este viernes la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las autonomías mantendrán algunas competencias, como por ejemplo la elaboración de los certificados de idoneidad de los adoptantes. Las comunidades supervisarán las actividades que las entidades que actúan de intermediarias con las familias lleven a cabo en su territorio, y el Estado lo hará con las que realicen en el extranjero. Carcedo ha asegurado que el objetivo del reglamento es «reducir los tiempos de tramitación, que ahora son farragosos y largos» —pueden alargarse de dos a seis años—, «agilizar los procedimientos» y «aportar mayor seguridad jurídica a familias y menores».
Publicado en el PAIS
