El bloqueo político paraliza los procesos de adopción mientras 33.000 familias esperan
Los datos son demoledores. En España hay 33.000 familias acreditadas que, tras pasar todas las cribas, ya cuentan con los certificados de idoneidad para poner en marcha un proceso de adopción nacional o internacional. Al mismo tiempo, casi 17.000 niños institucionalizados esperan en orfanatos españoles a tener por fin una familia. Sin embargo, desde hace meses las adopciones están completamente paralizadas por culpa del bloqueo legislativo ocasionado por el vacío político actual. La falta de desarrollo reglamentario de la última normativa aprobada el pasado verano, la Ley 16/2015, de 28 de julio, de modificación de protección a la infancia y adolescencia, impide que los procesos de adopción puedan continuar su curso.
La situación es extremadamente preocupante y llegó al Congreso de los Diputados en las últimas semanas. El grupo parlamentario de Ciudadanos presentó una proposición no de ley (PNL) para desbloquear esta paralización y para su debate en la posterior comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Salió adelante con los votos a favor del equipo naranja, PSOE y Podemos. El PP votó en contra. Pero no tendrá mayor recorrido porque las Cortes se disuelven este lunes ante la incapacidad de los líderes políticos de formar Gobierno, mientras los procesos de adopción se estancan por enésima vez.
Y el problema es que en estos momentos las adopciones están en tierra de nadie. La nueva ley aprobada transfiere algunas competencias esenciales en materia de adopción y acogimiento, hasta el momento en manos de las comunidades autónomas, al Estado. Sin embargo, la normativa es de momento un brindis al sol, ya que sin el desarrollo reglamentario pertinente, los cambios no entran en vigor. Los organismos acreditados para la adopción internacional (OAA) denuncian que actualmente no existe una autoridad que se ocupe específicamente de los procesos. La directriz marcada por el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales establecía que, hasta el desarrollo reglamentario de la nueva ley, seguiría vigente la anterior legislación. Pero desde hace meses las CCAA alertan de que ya no poseen las competencias necesarias y todos los procesos están paralizados.
La falta de desarrollo reglamentario de la nueva ley impide que los procesos de adopción en España puedan continuar su curso. Están paralizados
Leer más: El Confidencial 2 de mayo de 2016
